Por Alejandro Angulo
El mes pasado se llevó a cabo la presentación del 1er Protocolo de Actuación en América Latina para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos en Asuntos Ambientales a cargo de la Dra. Izarely Rosillo. Dicho Protocolo entrará en vigor en el plano nacional en el presente año, tiene un profundo sentido en materia de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.
En el país se han registrado varios casos de amenazas, intimidación, agresiones, desapariciones y hasta asesinatos de defensores del medio ambiente, lo cual hace razonable y exigible, que se cuente con un Protocolo de Actuación.
Y si bien en estados como Guanajuato o Querétaro no son estados con huella de violaciones a los defensores del medio ambiente, se puede decir que han sucedido en el último año, dos casos de amenazas a dos luchadoras ambientales. Pero aquí lo importante es el enfoque de prevención y los lineamientos para la actuación, lo cual se torna en un mecanismo efectivo de protección para garantizar el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información y el acceso a la participación efectiva.
En este sentido, la adopción del Protocolo expresa la certeza para respetar y hacer cumplir los principios y valores de los derechos humanos y, entender la trascendencia y valor de los asuntos ambientales en el Estado.
No hay duda alguna que el Acuerdo de Escazu al igual que la ratificación de México, lo que muestran es una alta incidencia de agresiones a los defensores de la tierra y por otra parte, se prevé que habrá una gran participación ciudadana en los asuntos ambientales, lo que traerá seguramente agresiones, presiones amenazas para intentar disuadirlos de las acciones y opiniones o denuncias que ejerzan estos activistas ambientales.
La cuestión ambiental se calentará demasiado, pues son hoy en día los temas centrales que estarán en las agendas y en la discusión pública. Cambio climático, biodiversidad, contaminación del agua y agotamiento de los recursos naturales, serán el pan de cada día y ello conlleva a la tensión o conflicto con intereses económicos, que muchas de las veces optan por la coacción, intimidación y agresión física.
La participación ciudadana y de los defensores del medio ambiente es crucial en la próxima década para lograr cambiar aquellas cuestiones, prácticas e inversiones que dañan al ambiente, la salud pública y calidad de vida. Por ende, el contar con un Protocolo, es significativo para alentar dicha participación y saber, que el gobierno en sus distintos niveles tiene a la mano un Protocolo de Actuación.
De nueva cuenta, Querétaro se pone a la vanguardia en los temas ambientales al contar con un Protocolo elaborado y propuesto por los ciudadanos y la academia. Ahora sólo faltará que el Gobierno Estatal y los municipios lo adopten e incorporen de manera oficial y legal para su observancia.
