Por Alejandro Ángulo
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en sus publicaciones ya sentencia con bastante objetividad y claridad “…que el modelo de desarrollo no es sostenible, que está llevando a un colapso ambiental y a una crisis generalizada, mientras se ignoran las voces de alerta y los llamados a la cordura desde variadas instancias nacionales e internacionales.
La situación ambiental de América Latina y el Caribe es cada día más inquietante. Esta es una región rica en recursos naturales y en biodiversidad pero que, pese a los esfuerzos de los Gobiernos nacionales, es testigo de cómo su deterioro avanza inexorablemente.
Todo esfuerzo en favor de la sostenibilidad ambiental entra en conflicto con un estilo de desarrollo en que sigue primando la explotación de los recursos naturales con escasa agregación de valor.”
Lo anterior, no es una cuestión novedosa, sólo reafirma, por una entidad internacional, el fracaso del llamado desarrollo sostenible a causa del modelo económico que se sigue. De ahí que, para el bienestar y el desarrollo de todas las posibilidades de cada ciudadano del mundo. Así ha sido siempre en todas las sociedades, pero hoy más que nunca se hace necesaria una revisión y una reafirmación de los valores éticos en concordancia con el contexto histórico actual.
El mundo en el que vivimos está cambiando de forma acelerada, por impulso del avance tecnológico, la globalización, la desigualdad y el calentamiento del planeta. La velocidad, la compresión, la profundidad y la escala de los cambios a los que se ven sujetos los ciudadanos de hoy ponen en cuestión continuamente muchas cosas que creíamos o sabíamos hasta ahora.
Este proceso genera incertidumbres, desajustes y conflictos tanto a nivel social, enfrentando a sectores que toman actitudes y visiones diferentes respecto a los cambios, como a nivel personal.
En cuanto a sí cada pueblo y comunidad deben aplicar criterios distintos déjeme decirle que el documento que comente en la primera parte, Manifiesto por la Vida en su punto 23 ya recomendaba lo siguiente: “La ética de la sustentabilidad implica revertir el principio de ’pensar globalmente y actuar localmente’.
Este precepto lleva a una colonización del conocimiento a través de una geopolítica del saber que legitima el pensamiento y las estrategias formuladas en los centros de poder de los países “desarrollados” dentro de la racionalidad del proceso dominante de globalización económica, para ser reproducidos e implantados en los países “en desarrollo” o “en transición”, en cada localidad y en todos los poros de la sensibilidad humana.
Sin desconocer los aportes de la ciencia para transitar hacia la sustentabilidad, es necesario repensar la globalidad desde la localidad del saber, arraigado en un territorio y una cultura, desde la riqueza de su heterogeneidad, diversidad y singularidad; y desde allí reconstruir el mundo a través del diálogo intercultural de saberes y la hibridación de los conocimientos científicos con los saberes locales”
Y en cuanto a los bienes comunes, el mismo documento resaltaba que: “Los actuales procesos de intervención tecnológica, de revalorización económica y de reapropiación social de la naturaleza están planteando la necesidad de establecer los principios de una bioética junto con una ética de los bienes y servicios ambientales.
Los bienes comunales no son bienes libres, sino que han sido significados y transformados por valores comunes de diferentes culturas. Los bienes públicos no son bienes de libre acceso pues deben ser aprovechados para el bien común.
Hoy, los “bienes comunes” están sujetos a las formas de propiedad y normas de uso donde confluyen de manera conflictiva los intereses del Estado, de las empresas transnacionales y de los pueblos en la redefinición de lo propio y de lo ajeno; de lo público y lo privado; del patrimonio de los pueblos, del Estado y de la humanidad. Los bienes ambientales son una intrincada red de bienes comunales y bienes públicos donde se confrontan los principios de la libertad del mercado, la soberanía de los Estados y la autonomía de los pueblos.
Y agrega para rematar que: “La ética del bien común se plantea como una ética para la resolución del conflicto de intereses entre lo común y lo universal, lo público y lo privado. La ética del orden público y los derechos colectivos confrontan a la ética del derecho privado como mayor baluarte de la civilización moderna, cuestionando al mercado y la privatización del conocimiento –la mercantilización de la naturaleza y la privatización y los derechos de propiedad intelectual– como principios para definir y legitimar las formas de posesión, valorización y usufructo de la naturaleza…”
Alejandro Angulo Carrera es politólogo, especialista en temas ambientales con maestría en Gestión Integrada de Cuencas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha recibido el premio de economía Jesús Silva Herzog de la UNAM en 1994 y el Premio Nacional de la Administración Pública en 2001.
