Por Francisco Peyret
Durante los últimos 40 años del siglo XX, América Latina experimentó una serie de golpes de Estado y dictaduras. Estos eventos históricos tuvieron un impacto significativo en la vida y la evolución política de la región. Entre los casos más significativos tenemos los siguientes:
Chile (1973-1990): En septiembre de 1973, el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende fue derrocado en un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet. Pinochet gobernó hasta 1990.
Argentina (1976-1983): En marzo de 1976, se produjo un golpe militar en Argentina, derrocando a la presidenta Isabel Perón. Durante la dictadura militar, conocida como la «Junta Militar”. La guerra sucia en Argentina dejó un saldo de miles de víctimas.
Brasil (1964-1985): En abril de 1964, el gobierno de João Goulart fue derrocado en un golpe militar. En 1985, se inició la transición democrática con la elección de Tancredo Neves como presidente.
Estos eventos y otros tantos marcaron la historia reciente de América Latina. A la fecha se sigue acusando a los Estados Unidos de apoyar e intervenir en estos procesos, donde claramente la consigna fue detener a la corriente socialista que, a partir de la Revolución Cubana, llegó a nuestro continente. Estos gobiernos dictatoriales estuvieron marcados por la censura, la represión política y la violación de los derechos humanos. En México fue diferente, aunque no estuvimos ajenos a la censura y represión, con un gobierno que duró 70 años en el poder, tuvimos un Estado que aplicó una suerte de dictadura suave, un fenómeno que duró décadas, único en el mundo.
Durante la década de los ochenta y los noventa regresaron a América Latina una ola de renovados procesos democráticos encabezados por presidentes como Alan García (Perú), Fernando Collor de Mello (Brasil), Carlos Menem (Argentina), Carlos Salinas (México), entre otros tantos, que derivó en un boom privatizador de bienes estatales: la consigna fue el libre comercio, la reducción de la intervención del Estado en la economía y la atracción de inversión extranjera a la región.
Desafortunadamente, para los países latinoamericanos hubo crecimiento económico pero no distribución del ingreso, los problemas estructurales de las economías se profundizaron. Como consecuencia, desde que inició el siglo XXI, hemos sido testigos de la alternancia política entre partidos de izquierda y derecha, de ida y vuelta a lo largo de toda Latinoamérica. Incluso, recientemente, en países como Colombia y Chile, aparentemente con gobiernos de derecha que lucían más estables, sorpresivamente está arribando la izquierda, que en estos momentos domina gran parte de toda América Latina.
En todo este proceso la construcción del Estado de Derecho en América Latina ha sido un proceso complejo impulsado por oleadas de reformas. Este proceso ha buscado fortalecer la democracia, promover la gobernabilidad, la seguridad y la transparencia. Sin embargo, estas reformas no han significado el cese del intervencionismo de agentes externos a los gobiernos nacionales en Latinoamérica, sino su adaptación a las nuevas circunstancias.
Esto significa que estamos pasando del intervencionismo vía la utilización directa de las fuerzas armadas para tomar el control del poder político, a la influencia para el fortalecimiento del poder judicial que ha llevado a un cambio en la correlación de fuerzas dentro de los Estados. El poder judicial, al no ser elegido por vía electoral, ha adquirido un peso político que ha facilitado la judicialización de la política, en la actualidad los tribunales y las sentencias se han convertido en actores políticos en la toma de decisiones estatales.
Líderes latinoamericanos acusan una guerra híbrida, se trata de una estrategia diferenciada adoptada por Estados Unidos, que está teniendo impacto significativo en América Latina. Esta estrategia busca promover los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región a través de diversas formas de intervención, incluyendo la manipulación de conflictos internos y el uso de campañas mediáticas para influir en la opinión pública.
Este fenómeno es actualmente conocido como «Lawfare», entendido como el uso estratégico y politizado del sistema judicial y legal, sumado a campañas mediáticas de desprestigio, el cual ha encontrado terreno fértil en la región. Se ha utilizado como una forma de desestabilizar y debilitar a los gobiernos. Para muestra un par de casos:
Dilma Rousseff fue la presidenta de Brasil desde 2011 hasta 2016. En 2015, se llevó a cabo un proceso de impeachment en su contra, que culminó en su destitución el 31 de agosto de 2016. En 2020, ya exiliado en Bélgica, el expresidente Rafael Correa, fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por su presunta participación en un caso de secuestro político. La sentencia generó controversia y críticas tanto a nivel nacional como internacional.
El tema del Lawfare da para mucho… Continuará.
