¿Qué es el LawFare?: La comunidad jurídica internacional ha resumido sus tácticas: a) manipulación del sistema legal; b) dar apariencia de legalidad a las persecuciones políticas; c) uso de demandas sin mérito, sin contenido, con acusaciones frívolas; d) abuso del derecho para dañar y deslegitimar a un adversario; e) promoción de acciones legales para desacreditar al adversario; f) intento de influir en la opinión pública; g) uso del derecho para obtener publicidad negativa u opresiva; h) judicialización de la política: el derecho como herramienta para conectar medios y fines políticos; i) promoción de la desilusión popular; j) crítica a quienes utilizan el derecho internacional y los procesos judiciales para presentar demandas contra el Estado; k) uso del derecho como medio para constreñir y castigar al adversario; l) acusación de inmorales e ilegales las acciones del enemigo, con el fin de frustrar los objetivos contrarios (Geraldo Carreiro de Barros Filho, Considerações sobre o Instituto do Lawfare).
La semana pasada en este espacio hablamos de cómo en los últimos años los tribunales han adquirido un rol protagónico en la política de varios países de América Latina. Particularmente en períodos electorales, las causas anticorrupción abiertas contra funcionarios, exfuncionarios y líderes de peso han marcado la agenda mediática y política. Abogados, funcionarios y medios de comunicación denominan a este fenómeno como LawFare: una guerra por la vía judicial, el uso de la ley como arma.
Reflexionamos cómo este nuevo estilo político definitivamente ha sustituido al tradicional golpe de estado que, con el uso de las Fuerzas Armadas, fue tan utilizado en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Muchos analistas consideran al LawFare una suerte de golpe de estado «suave». En esta columna, la semana pasada apuntamos cómo el efecto LawFare está impactando a toda América Latina, sobre todo con la vuelta de regímenes de izquierda: Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y, sorpresiva y recientemente, Colombia más Chile.
Ahora bien, el caso de México es diferente al de toda Latinoamérica: nuestro país vivió una suerte de dictadura blanda, con la hegemonía de un partido político (Partido Revolucionario Institucional – PRI) que gobernó durante 70 años sin contrincantes políticos y con un control férreo de los sectores sociales, económicos y mediáticos.
A partir del año 2000, inicia la alternancia en la Presidencia de la República con la llegada de Vicente Fox, representante del Partido Acción Nacional – PAN, siguen: Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña (PRI) y, actualmente, con Andrés Manuel López Obrador (MORENA).
En medio de un movimiento geopolítico global, acelerado por la guerra entre Rusia y Ucrania, y la pandemia por COVID-19, América Latina atraviesa por un proceso complicado para la gobernanza que les está afectando de manera contundente para salir de la turbulencia económica por la que atraviesa el mundo entero.
Mientras tanto en México la estamos pasando de otro modo, por aciertos o fortuna del actual gobierno, nuestro país pasa rápidamente la crisis turística, estamos por los niveles de turismo de 2019, la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) es histórica, el peso es estable y hasta parece que este año la economía puede crecer más de lo esperado.
Sin embargo, esta coyuntura económica y social mexicana no nos está exonerando del fenómeno del LawFare. En el año 2021, en las elecciones intermedias los partidos de la oposición lograron mayoría parlamentaria, pero decidieron no actuar presentando iniciativas de ley para proponer un rumbo diferente al del Presidente, entraron a una suerte de veda, donde su único argumento es oponerse a todo lo que propone López Obrador.
Ante congresistas anulados, el poder judicial ha tomado el rol de contrapeso político frente a las iniciativas del Presidente de la República, y para mal. Por una parte, podemos hacer cuenta de la exoneración de Rosario Robles (ex Secretaria de Desarrollo Social y acusada de fraude) como muestra de ello. El amparo contra el bloqueo de las cuentas bancarias de Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, otorgado por un tribunal colegiado, pese a que estaba denunciada en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita; el mismo beneficio otorgado al ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, quien fue brazo derecho de García Luna, son otros casos.
Por otra parte, el poder judicial ha echado abajo ya algunas iniciativas presentadas por el Presidente Obrador, como lo fueron las relacionadas con el Instituto Nacional Electoral o los decretos de considerar obras públicas, como el Tren Maya, de seguridad nacional. En México vivimos una batalla no antes vista entre los poderes fácticos, el poder judicial enfrentando al poder ejecutivo. Aun cuando parece que el LawFare ya tiene antecedentes en México, este año seguramente vamos a presenciar más eventos relacionados con este fenómeno.
